¿Quién no participa en una sociedad como accionista (un mínimo 5%, si no cotiza en bolsa), o forma parte de su órgano de administración (de hecho o de derecho), y si no usted algún familiar próximo (o incluso cualquier “persona que pueda ejercer influencia a alguno de ellos”), o gestiona sociedades participadas entre sí?. Pues bien, sin ánimo de ponernos pesados, como en muchas otras ocasiones nos habrá oído explicar, todas las operaciones comerciales/financieras/mercantiles con contenido económico que se realicen dentro de este entorno, se denominan “operaciones vinculadas”.
Lo del nombre es lo de menos, el problema está en el tratamiento tributario que debe dárseles, usted ya es conocedor de ello, puesto que el tema no es nuevo. Lo que si es bastante reciente es la controversia desatada por las consecuencias de no hacerlo, si nos atenemos a la última normativa aprobada (véase Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, y Real Decreto 1793/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades).
Podemos complicarnos mucho la vida dando explicaciones, muy técnicas, sobre lo que hay que hacer y lo que no, pero como no es nuestra pretensión, sí que quiero dejarles cuatro ideas muy simples y que deben quedar claras:
- Deberá documentarse siempre, como mínimo, como se haría con un extraño (no vinculado).
- Deberá valorarse como se valoraría cualquier operación con un tercero no vinculado. En caso de no hacerlo, si pasaran por un procedimiento de inspección, Hacienda les ajustará en primer lugar las diferencias en sus resultados declarados (de forma bilateral), tratando además el exceso/defecto de valoración sobre el valor de mercado (ajuste secundario) como lo que en aquel momento se entienda que se ha pretendido evitar (donación, aportación de capital, distribución de dividendos,…).
- Si no se hace las sanciones pueden alcanzar importes preocupantes (si no se documentan bien las operaciones y sobre todo el valor elegido, hay unas sanciones mínimas de 1.500,00€ por dato, y 15.000,00€ por grupo de datos).
- Por cierto, los profesionales (médicos, economistas, abogados, arquitectos, ingenieros, comisionistas, …) todavía más complicado, puesto que el valor que se presumirá como mínimo por los servicios prestados a sus sociedades hace que la elusión de la progresividad en su declaración de renta sea cada vez más difícil y esté cada vez más penalizada.
- Por último, los modulistas, estaba anunciado de hace mucho tiempo, van a ser objetivo prioritario en las futuras investigaciones, y muchos de ellos van tener verdaderos problemas para justificar sus “abultadas” facturas, si lo son a entidades vinculadas.
Esto que parece evidente y fácil, a la hora de ponerlo en práctica no lo es tanto. Nuestras recomendaciones, como siempre, son las siguientes:
- Analice si usted está dentro del entorno de la vinculación (si es socio, administrador, o familiar de alguno de los anteriores, seguramente será parte vinculada, pocos son los que se salvan).
- La sociedad debe preparar una lista de las operaciones que usted realiza con ella. Las más habituales: relación de trabajo (si es empleado de su sociedad), arrendador/arrendatario (si utilizan uno de los dos un inmueble del otro), prestamista/prestatario (si usted presta dinero a su sociedad o viceversa), cliente/proveedor (si usted le compra algo a su sociedad vinculada o ella le adquiere algún bien o servicio), …
- Deberá DOCUMENTAR cada una de estas operaciones: como lo haría con un tercero (extraño no vinculado), por ejemplo: contrato de trabajo, contrato de arrendamiento, contrato de préstamo, contrato de compra-venta o suministro o prestación de servicios o ejecución de obra,…
- Lo más importante: deberá VALORAR estas operaciones a VALOR DE MERCADO.
- No se acaba aquí la cuestión, ahora viene lo más difícil: deberá DOCUMENTAR por qué ha tomado como valor de mercado este y no otro. Aunque parezca extraño, y lo es, esto último, que no se exige a dos partes independientes, se pide a dos partes vinculadas.
¿Cómo acabará la cuestión? Hoy todavía nadie lo sabe, puesto que la polémica está servida en todos los foros tributarios y empresariales, con demandas de simplificación, como mínimo para determinadas sociedades.
Dentro de la delicada situación económica internacional, en la que nos movemos, y en un contexto de anhelada transparencia en la información contable que deben ofrecer las sociedades mercantiles, es cierto que este tema es muy importante y justificado entre grandes empresas de carácter transnacional, por las complejas tramas de “desvío de beneficios hacia tierras más cálidas”, pero no lo es menos que la cuestión no tiene sentido cuando las operaciones se mueven dentro del territorio tributario nacional, y más cuando se realizan entre PYMES (entre las que las diferencias de tributación son mínimas, en conjunto, y para las que cumplir con estas formalidades les puede suponer un coste in asumible).