El Gobierno reformuló en la última reforma de las pensiones para 2014, los criterios en el cálculo de sus revalorizaciones anuales, teniendo en cuenta los ingresos y gastos del Sistema de la Seguridad Social, aplicando como mínimo un aumento del 0,25% y como máximo la suma de la variación porcentual del Índice de Precios de Consumo (IPC) en el periodo anual anterior más el 0,50%.

A partir del 1 de enero del presente, las pensiones han aumentado un 0,25%, con lo que ya se encadenan cinco años consecutivos de crecimiento sólo en el mínimo legal previsto. Esta revalorización se traduce en una pérdida directa de poder adquisitivo de los pensionistas del sistema de Seguridad Social. Situación que es muy posible que se agudice en el próximo ejercicio con las medidas que está preparando el Ejecutivo relacionadas con el “Factor de Sostenibilidad”, que, con la pretensión de garantizar la estabilidad del sistema, significará en la práctica que se rebajarán las prestaciones de forma proporcional al aumento de la esperanza de vida de los contribuyentes.

En cifras económicas, la pensión mínima de jubilación de una persona con 65 o más años y con cónyuge a cargo se establece en 788,90 euros mensuales. Para los que no tengan cónyuge, el importe mínimo se establece en 639,30 euros mensuales, mientras que los que sí tienen cónyuge, pero no a su cargo, el mínimo es de 606,70 euros mensuales. Por lo que respecta a la pensión máxima ésta se sitúa en 2.580,10 euros al mes.

Por otro lado, se ha acordado para el año 2018 una subida del 4% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), situándolo en 736,00 euros mensuales en 14 pagas (10.302,24 euros en cómputo anual).

Para los próximos tres ejercicios, el Ejecutivo ha negociado con los agentes sociales un incremento progresivo del salario mínimo: un 4% en 2018 (hasta 735,90 euros/mes), un 5% en 2019 (773,00 euros/mes) y un 10% en 2020 (850,00 euros/mes). Sin embargo, dichos incrementos están condicionados a que la economía española crezca por encima del 2,5% y que se creen como mínimo 450.000 empleos al año. En caso de que no se alcancen dichos resultados, se instará a los interlocutores sociales a abrir un nuevo proceso de negociación del SMI.